El Gobierno de Gustavo Petro ha iniciado una ofensiva contra el Congreso de la República, acusando a varios senadores y representantes de acaparamiento de tierras baldías que, según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), deberían pertenecer al Estado y ser entregadas a campesinos y víctimas del conflicto armado.
Las investigaciones han identificado terrenos en Valle del Cauca, Córdoba, Bolívar, Vichada y Santander, vinculados a congresistas como Lidio García Turbay (Partido Liberal), Juan Samy Merheg Marún (Partido Conservador) y Marcos Daniel Pineda García (Partido Conservador). La ANT sostiene que estos predios podrían ser baldíos, ya que no hay documentos que acrediten su propiedad privada.
Los implicados han rechazado las acusaciones, argumentando que se trata de una persecución política debido a su postura frente al Gobierno Petro. García Turbay, por ejemplo, afirmó que su propiedad en Bolívar fue adquirida legalmente en 2020 y que las acusaciones buscan presionar a los congresistas.
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